Un precio justo para la salud: la oportunidad de México en medicamentos esenciales

El acceso a los medicamentos esenciales no puede depender de la capacidad de pago ni de la especulación.

En México, el acceso a los medicamentos esenciales no puede depender de la capacidad de pago ni de la especulación. Proponemos un precio máximo nacional de referencia que traslade al consumidor final el precio ya negociado por el Estado. Si el gobierno compra a $10, nadie debería pagar más de $11, sin importar si adquiere en IMSS/ISSSTE, seguro privado o la farmacia de la esquina. La meta: equidad, eficiencia y transparencia.

En México hemos aprendido, a golpes de crisis, que el acceso a los medicamentos no puede depender de la capacidad de pago ni de la especulación del mercado. Durante décadas, los sistemas de compras consolidadas y licitaciones complejas intentaron resolver el problema, pero los resultados han sido parciales: desabasto en algunos momentos, sobreprecio en otros, y una ciudadanía que sigue pagando demasiado por medicinas que son, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.

Hoy tenemos la posibilidad de dar un paso más ambicioso: negociar con las farmacéuticas un precio máximo nacional de referencia, que aplique no solo al Estado, sino también al último consumidor en cualquier farmacia del país. Esto significaría que si el gobierno negocia una medicina en 10 pesos, ningún mexicano tendría que pagar más de 11, independientemente de si tiene seguridad social, seguro privado o compra en la farmacia de la esquina.

Este planteamiento levanta críticas. Algunas de ellas son legítimas y conviene integrarlas como parte de la respuesta.

1. “Los controles de precios generan escasez”

El argumento clásico de la economía ortodoxa señala que limitar precios desincentiva la producción y reduce la oferta. Pero aquí no hablamos de un tope arbitrario: hablamos de trasladar a los consumidores el precio que ya fue negociado de manera rentable por el Estado. Si una farmacéutica decide reducir la oferta después de firmar un acuerdo, no es un fenómeno del mercado: es una decisión deliberada de restringir la salud pública. En ese caso, la discusión no es económica, sino moral.

2. “La logística cuesta y debe pagarse”

Es cierto que los márgenes de farmacias y distribuidores cubren transporte, refrigeración, almacenamiento y riesgos de inventario. Nadie propone eliminarlos. Lo que planteamos es limitar esos márgenes a lo estrictamente necesario y transparente. Se trata de incentivar la eficiencia, no la especulación. Competir por quién ofrece mejor servicio y cobertura, no por quién cobra más caro un medicamento esencial.

3. “El Estado es ineficiente y genera retrasos”

Es verdad que las compras públicas han fallado en ocasiones, elevando costos cuando los pedidos llegan tarde. Pero la respuesta no es renunciar al poder del Estado, sino planificar con datos y plataformas digitales. México ya tiene la experiencia del SAT: toda la economía se factura en línea. Con la misma lógica, se puede crear una plataforma nacional de recetas electrónicas y compras de medicamentos que garantice transparencia, trazabilidad y coordinación multianual.

4. “Habrá mercado negro”

Otro temor es que al fijar precios más bajos surja un mercado clandestino. Pero el riesgo disminuye si el precio máximo ya refleja la capacidad negociadora del Estado y se ajusta a costos reales de producción y distribución. Además, un sistema digital de control de transacciones puede rastrear desvíos en tiempo real. Si surge un mercado negro, la responsabilidad recae en quienes conscientemente lo alimenten.

5. “Es un regreso al intervencionismo estatal”

Finalmente, se acusa que la medida sería un retroceso al intervencionismo y que desincentivaría la inversión privada. Pero lo que aquí se plantea no es un capricho ideológico: es extender a todos los ciudadanos el beneficio de la negociación colectiva del Estado. La salud no es un lujo ni un negocio cualquiera, es un derecho humano. Y en un país con epidemias de diabetes, obesidad e hipertensión, fijar un precio justo para medicamentos esenciales es una política de equidad y de prosperidad compartida.

La oportunidad moral y estratégica

México tiene un mercado de más de 130 millones de personas. Ese volumen es un activo estratégico para negociar con las farmacéuticas globales y para fortalecer a los laboratorios nacionales. Si logramos que la referencia de precio estatal sea el techo para todos, el país ganará en tres dimensiones: equidad, porque ningún mexicano pagará más que el gobierno; eficiencia, porque toda la cadena se verá obligada a optimizar; y legitimidad, porque se colocará a la salud en el lugar que le corresponde: por encima de la especulación.

No se trata de castigar a nadie, sino de recordar que el objetivo de la industria farmacéutica no puede ser únicamente maximizar márgenes, sino participar en un proyecto común de salud pública. Si ya demostramos que la facturación digital puede transformar la economía, ahora podemos demostrar que la negociación colectiva puede transformar la salud.