El artículo plantea que la transición energética debe centrarse en las personas y no solo en métricas técnicas. Desde la justicia energética, se argumenta que el acceso a la energía debe ser equitativo, confiable y asequible, especialmente para comunidades vulnerables. Propone medir el éxito por su impacto en el bienestar y la calidad de vida, impulsando una transición que sea tanto sostenible como socialmente justa.